Diversidad de motivaciones detrás del incumplimiento amenaza la sostenibilidad de la pesquería de huiro negro

Las motivaciones para no cumplir las normas en la extracción de huiro negro varían significativamente según cómo se perciben las sanciones y el contexto de la gestión del recurso. Las conclusiones de una investigación del Instituto Milenio SECOS apuntan a que la percepción de escasa fiscalización y sanciones poco efectivas influyen en el comportamiento de los pescadores y algueros, poniendo en riesgo tanto la sostenibilidad de la pesquería, del ecosistema natural y los medios de vida de miles de personas que dependen de sus beneficios. El estudio propone estrategias integradas para fortalecer la gobernanza y promover prácticas sostenibles.

El huiro (Lessonia berteroana y L. spicata), un alga parda que juega un papel crucial en los ecosistemas costeros al proporcionar hábitat y alimento para diversas especies marinas, es también un recurso económico vital para más de 15.000 pescadores artesanales en Chile. Sin embargo, la percepción de que el incumplimiento no conlleva consecuencias significativas fomenta prácticas ilegales, que impactan  en la sostenibilidad del recurso y la economía local. 

Así lo revela un estudio publicado en la revista Marine Policy, liderado por Isidora Ávila-Thieme, investigadora del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), el Centro de Resiliencia, Adaptación y Mitigación de la U. Mayor (CREAM) y CAPES UC, que analizó los niveles de ilegalidad y las motivaciones detrás del cumplimiento de normas en una treintena de organizaciones de pesca artesanal en las regiones de Antofagasta y Atacama.

“Los componentes instrumentales, relacionados con los costos y beneficios que los pescadores perciben al no cumplir, juegan un rol importante en el incumplimiento de esta pesquería. Muchos pescadores manifestaron que la fiscalización es escasa, por lo que no tienen miedo de ser pillados si incumplen», señala Ávila.

Este patrón se repite en ambos regímenes de manejo (Planes de Manejo y Derechos de Uso Territorial) y especialmente en Antofagasta. «Esta problemática no solo permite el incumplimiento, sino que también deja a los pescadores vulnerables al robo de recursos por parte de personas ajenas a sus organizaciones», agrega Ávila-Thieme.

Estrategias para fortalecer la sostenibilidad

El estudio propone una serie de estrategias integradas que abordan el problema del incumplimiento desde una perspectiva multidimensional, destacando la importancia de fortalecer la gobernanza participativa y establecer incentivos claros para el cumplimiento de normativas. 

Stefan Gelcich, director del SECOS y coautor del estudio, destaca que «es importante fortalecer el trabajo de los comités de manejo y la implementación efectiva de las medidas acordadas. La fiscalización debe focalizarse en quienes realmente están dañando el recurso, en los actores con perfiles más riesgosos de incumplimiento y no en los pescadores registrados que están comprometidos con la sostenibilidad».

La investigación también señala estrategias que buscan equilibrar la necesidad de fiscalización efectiva con el respeto hacia los conocimientos locales y la realidad socioeconómica de los pescadores. El objetivo final es promover un modelo de gestión del cumplimiento que combine la sostenibilidad del recurso con el bienestar de las comunidades costeras que dependen de él.

Perspectivas de los pescadores

Durante las entrevistas, los pescadores expresaron su frustración por la vulnerabilidad frente al robo de recursos y la percepción de falta de apoyo institucional. Gelcich, también académico en la Facultad de Ciencias Biológicas UC y el Centro CAPES explica: «Los pescadores registrados a veces nos piden ayuda porque, a pesar de sus esfuerzos por cumplir con las normativas, llegan personas de otros lugares a extraer el recurso ilegalmente. Esto genera frustración y pérdida de confianza en las instituciones». Y agrega que, «cuando los pescadores acuerdan medidas de manejo en mesas de trabajo, estos deben ser priorizados por el Estado para no perder la legitimidad de los procesos”.